En España hay 40.000 menores en centros porque no son “adoptables”

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El alto número de menores que no pueden ser atendidos por sus padres biológicos contrasta con la baja cifra de adopciones nacionales que se llevan a cabo. Las trabas legales hacen que muchas familias tengan que acudir a otros países para acoger a un niño.

Hoy, 40.000 menores viven en residencias y centros de acogida a lo largo y ancho del territorio español porque sus padres no pueden hacerse cargo de ellos. Sin embargo, en tampoco se les da la opción de ser adoptados por una familia. Simplemente no son “adoptables”. Y es que, legalmente, para que un menor pueda ser adoptado sus padres biológicos deben renunciar a él.

Los centros residenciales son los que se ocupan del cuidado de la mayoría de estos menores, de su educación y de prestarles la atención necesaria. Pero nada tiene que ver crecer en el seno de una familia, que en un centro “donde una misma persona está atendiendo a diez niños más a la vez”, explica Adolfo García, presidente de CORA, quien denuncia que la cifra de niños institucionalizados es una “barbaridad” y estos centros están desbordados en muchos casos.

Las familias de acogida son otra alternativa, pero desde la Administración pública no se fomenta, al destinar el grueso de las subvenciones a centros residenciales, que en muchos casos están gestionados por contratas de empresas privadas. Se está asistiendo a una privatización de los centros de acogida. Su gestión sale a concurso público. La contrata se concede a la empresa que presenta el proyecto de gestión más económico. Los servicios se recortan, y los menores son los que pagan el pato viendo como empeora su calidad de vida.

Cuando la acogida se convierte en un negocio para empresas privadas

En la Comunidad de Madrid hay en la actualidad 85 recursos residenciales. Algunos cuentan con varias unidades de convivencia que consisten en pisos de 4 cuatro plazas hasta residencias con 70. Sin embargo, su gestión no es totalmente pública.

Están también los centros concertados y los privados. Si accedemos a la lista de los nueve “hogares o grupos familiares”, que son centros de pequeño tamaño en viviendas vecinales, asemejados por su estructura a un ambiente familiar, nos encontramos que todos son o tienen parte de gestión privada.

“Seguramente muchos centros están siendo privatizados”, denuncia Ana Lima, quien explica que la gran mayoría tienen una gestión indirecta por parte de empresas que acceden a una contratación pública. Éstas suelen ser de servicios sociales y asociaciones del tercer sector.

Centros religiosos, congregaciones de monjas, que además ofrecen precios más asequibles porque ellos se mueven con voluntarios, y por lo tanto no retribuyen a trabajadores, licitan más bararo y no pagan el IBI. Es probable que “para 2016 esté privatizado todo”, señala Lima.

En esta línea se han denunciado las altas subvenciones que estos centros privados o concertados reciben desde el Estado. Además, estas asociaciones también reciben “beneficios” por la caridad, contando con donaciones de particulares y empresas, productos desde el Banco de Alimentos o ropa de Cáritas.

Una familia que acoge a un menor tan sólo recibe una ayuda de 2.000 euros al año, con la que está lejos de cubrir los costes que acarrea mantener a un menor. Mientras, un centro que está subvencionado por la Comunidad de Madrid puede llegar a recibir entre 3.000 y 3.500 euros al mes por cada niño.

Denuncias sobre la gestión privada de los centros de menores

La Fundación Alicia Koplowizt o Nuevo Futuro son algunas gestoras contra las que se han elevado denuncias. La fundación Koplowizt fue denunciada por sus lazos con los ‘Legionarios de Cristo’, un grupo religioso que ha reconocido casos de pederastia en los últimos tiempos.

Nuevo Futuro ha recibido quejas por distintos motivos, pero las principales están elevadas por sus propios trabajadores, obligados a trabajar más horas de las acordadas sin cobrarlas y que aún así no llegaban a cubrir los “objetivos educativos”.

Estos casos cuestionan la eficacia de la gestión privada en este tipo de centros. No obstante, nunca se puede generalizar y achacar las mismas denuncias a todos las residencias de menores.

Los casos más graves

Los centros públicos tampoco están exentos de denuncias. El caso más grave es el de ‘Picón del Jarama’, co-gestionado por la Comunidad de Madrid y la Fundación O’Belen. En 2008, hubo una consecución de hechos que empezaron cuando el joven Hamid el Amrani se suicidó dentro de las instalaciones; una jóven fue recluída sin que existiera una orden judicial que lo autorizara; y varios menores denunciaron un “trato mísero” al haber sido encerrados en habitaciones minúsculas o atados a las camas.

Además, la asociación O’belen, también ha recibido fuertes críticas por el trato que dispensan en otros centros dedicados a menores conflictivos, que les sirven para captan fondo mediante investigaciones. Lo más grave es, probablemente, que esta misma asociación controle en algunas comunidades autónomas lo relacionado con el acogimiento familiar y los procesos de adopción.

En Murcia, obligaron a las familias de acogida a renunciar a la dotación económica, a pesar de que ellos sí llegaron a cobrarlas.

Acogimiento familiar

Desde el Instituto del Menor de Madrid están de acuerdo en que “las medidas familiares de protección, como el acogimiento familiar, son preferentes y se intenta que el recurso residencial sea siempre por un tiempo limitado”. Sin embargo, este acogimiento también tienen límite de tiempo. Así lo más normal es que el niño pase por diferentes familias y centros a lo largo de su infancia. Una situación poco deseable y altamente desestabilizadora.

Las edades y situaciones de estos menores varían. Sólo en la Comunidad de Madrid, según los datos del Instituto del Menor, en 2013 había 4.225 niños tutelados. De los cuales, 1.708 se encontraban en residencias, 2.517 en un acogimiento familiar y 684 en promoción de acogimiento familiar -es decir, con sus familiares pero sin la adopción de una medida de protección por la entidad pública-.

Aunque el acogimiento familiar es una de las mejores vías que existen en este momento, no es muy conocido por la sociedad. No es un camino de rosas para las familias, ya que tienen que tratar con menores conflictivos en muchos casos, y superar la reticencia de las familias biológicas que tienen miedo a perder definitivamente a sus hijos. Pero se ha demostrado que es la medida que mejor funciona y más estabilidad aporta a los niños.

¿Y después qué?

Pocos dan voz a este colectivo de menores “no adoptables”, que se ven condenados a cambiar de casa -y de vida- cada poco tiempo, no porque no haya familias que quieran adoptarlos, si no porque a éstas se les impide llevar adopciones a cabo con un sin fín de trámites burocráticos y una legislación que no los agiliza.

Desde el Consejo General Diplomados en Trabajo Social, se denuncia la falta de interés de la Administración. “No se trabaja el retorno a la familia, y meten a los niños en centros como medida temporal sin dar otra solución definitiva”, explica a Cambio16 la presidenta del colectivo, Ana Lima.

Además, también han apuntado al impacto negativo que están teniendo los recortes del Gobierno en la infancia. En esta línea señalan que la formación de los profesionales que se encargan de los centros de acogida se ha visto mermada. ”Se contrata a trabajadores que no tienen la especialidad infantil, sólo para ahorrar”, explica.

Parece que desde la Administración “sólo se actúa cuando hay casos graves de maltrato, negligencia, o descuido, miestras que la protección de la exclusión del menor ha sufrido un retroceso gravísimo”, apunta Lima.

Otro vacío preocupante de la actual ley vigente es la situación de los menores tutelados por el Estado que cumplen 18 años. ¿Qué ocurre con ellos? Se quedan sin cobertura sanitaria, sin un sitio donde acudir. En estos momentos, ¿qué jóven de 18 años puede empanciparse? Cristina Inglada, vocal de la Junta Directiva de ADAMCAM, Asociación de acogedores de menores de la Comunidad de Madrid, también mostraba su queja ante esta problemática: “el Estado se desentiende completamente de ellos”.

Una nueva legislación sobre la Protección del Menor fue aprobada en otoño de 2013, después de años de trabajo, pero todo apunta a que también conllevará mucho tiempo llegar a implementarla. En parte, por este desinterés del Gobierno que se empeña en que nazcan niños a toda costa con otras reformas más polémicas -como la que auspicia Gallardón al prohibir el aborto-, pero que luego se desentiende las situaciones familiares que tienen que afrontar esos 40.000 menores de edad.

 

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